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Conflicto en Chile

Gobierno y oposición acuerdan un plebiscito para una nueva Constitución

La consulta en abril de 2020 planteará dos preguntas: si se quiere o no una nueva Carta Magna y qué tipo de órgano debiera redactarla, si una “comisión mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea constituyente.

El Congreso chileno llegó a un acuerdo en la madrugada de este viernes para convocar en abril de 2020 a un plebiscito por una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras casi un mes de violento estallido social. Así lo publica el diario digital Infobae.

“Es una respuesta de la política con mayúscula que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”, afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda), flanqueado por los presidentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista, en una conferencia de prensa en una de las sedes del Congreso en Santiago. “Esta respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada”.

Bajo el acuerdo, necesario para modificar la actual carta magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución: una “comisión mixta constitucional” o una “convención constitucional” o Asamblea constituyente, explicó Quintana.

La convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de la oposición, todos sus integrantes serán elegidos específicamente para este evento.

La elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución, si el proyecto es ratificado en el plebiscito, será con sufragio universal y voto obligatorio.

“Nosotros estamos contentos de haber podido construir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia”, afirmó de su lado Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.

El acuerdo se aprobó en un Congreso en que ninguna de las fuerzas políticas contaba con los dos tercios necesarios para cualquier modificación sustantiva de la Constitución, tras casi un mes de violentas protestas sociales que dejaron 22 muertos y miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía.

Pablo Vidal, diputado del izquierdista Revolución Democrática, dijo por su parte que el acuerdo "es el triunfo del pueblo de Chile movilizado”. "Tenemos que ahora luchar por el sueldo mínimo, por las pensiones, por el seguro de salud y muchos otros temas”, agregó.

“Llegamos a acuerdo para Nueva Constitución”, escribió más temprano en Twitter el Presidente del Partido por la Democracia Heraldo Muñoz. “Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia”.

Diputados oficialistas y opositores estuvieron reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.

Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol “subsidiario” (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización, y ha sido señalada por la ciudadanía en la actual crisis social como el gran escollo para construir un país más justo.

El Gobierno, que al inicio de la crisis se mostró muy reacio, se abrió finalmente el domingo a un proceso constituyente, pero rechazaba la convocatoria de un plebiscito previo sobre los temas y una Asamblea Constituyente, la fórmula que pedían la oposición y la mayoría de los manifestantes.

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