“La medida del gobierno de pedir el DNI en la calle no previene el delito”

El defensor oficial general, Pablo Radivoy, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la medida lanzada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en la cual se faculta a cualquier efectivo de seguridad, por su capacidad de prevención, para requerir documentos a los ciudadanos en cualquier momento y lugar.

“No es una novedad, está dentro de las facultades del personal policial la identificación de personas. Quizás se presentó así para distraer la atención de otros temas porque desde siempre los efectivos tienen la potestad de demorar a la persona para averiguar sus antecedentes”, mencionó Radivoy, en el programa “Tal Cual Es”.

Y diferenció con otro tipo de procedimientos: “Distinto es el tema de las requisas. Allí uno se puede preguntar hasta qué punto se puede exigir lo que se tiene en el interior de una mochila o en un auto sin orden judicial. Hay un límite que tiene que ver con la privacidad de los ciudadanos. Si la Policía considera una conducta sospechosa, un término ambiguo, debe estar fundada porque no alcanza con el ‘olfato’ del uniformado”.

“Si uno no tiene el DNI, hay otras maneras de identificar a las personas. En Capital Federal está el detector de huellas digitales. Y también existe la discusión respecto a la documentación digital. Hoy hay aplicaciones que evitan llevarla encima en la billetera. Depende para qué trámite, es válida o no. Actualmente se acepta, por ejemplo, la póliza digital del seguro”, resaltó el funcionario judicial en otro segmento de la entrevista radial.

Luego, se metió de lleno en la polémica, cuando se le preguntó respecto a si apunta a la “portación de rostro”: “Pareciera que va en esa dirección, y eso es lo más preocupante. Da la sensación de que tiene una intencionalidad detrás. Eso no previene el delito y como método para hallar personas buscadas por la Justicia, es como encontrar una aguja en un pajar”.

Radivoy también contestó sobre una duda recurrente: “Sobre la obligación de ser testigo de un procedimiento judicial, es una carga pública que un ciudadano debe cumplir, más allá de que son molestas. Es entendible el temor porque la persona se expone ante los sujetos que son objeto de un allanamiento. Salvo una excepción y mientras no cambie el ordenamiento procesal, es la única manera que existe de llevar a cabo el operativo”.