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Anulan fallo de la jueza Calcinelli que ordenaba más recreos a los presos

Se trata de una resolución del Tribunal de Casación Penal. Y señaló que "los magistrados no son competentes para el diseño de las políticas penitenciarias".

Casación anuló el fallo de la jueza de Garantías Susana Calcinelli, sobre el penal de Saavedra.

La Sala V del Tribunal de Casación Penal Bonaerense dejó sin efecto una resolución de la jueza de Garantías bahiense Susana Calcinelli, que ponía el límite de 726 presos como cupo en la Unidad Penitenciaria Saavedra y que ordenaba ampliar los horarios de recreación de los detenidos.

Con la firma de los jueces Fernando Luis Mancini y Mario Eduardo Kohan, el Tribunal de Casación declaró admisible y procedente la queja presentada por la Dirección Provincial de Asuntos Contenciosos de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, desde donde se objetó el dictamen del Juzgado de Garantías Nº 3 de Bahía Blanca y que fuera avalado por la Cámara Penal de Bahía Blanca.

Desde el Ministerio de Justicia se había considerado como arbitraria y excesiva la decisión del Juzgado de Garantías Nº 3 al considerar que se trataba de una intromisión del poder Judicial.

En los fundamentos, los jueces de Casación fundamentaron su decisión en que "la solución al sumamente complejo y urgente problema que aqueja a las personas detenidas en todo el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires solo puede surgir de un esfuerzo mancomunado entre los distintos actores públicos con competencia en la materia, en el que cada uno en el marco de sus atribuciones y sin exceder las mismas, tengan como finalidad la concreción de la manda constitucional".

Los magistrados de la instancia superior destacaron la necesidad de articular ámbitos de diálogos y negociación entre los actores involucrados en la cuestión.

En los fundamentos de la resolución que fijará antecedentes en el resto de reclamos similares en la Provincia, los magistrados explicitaron que "la obligación de los jueces de dar respuestas a la pretensión esgrimida en el HC y lograr que cesen aquellas políticas que afectan los derechos de los detenidos, no implica necesariamente que sean competentes para el diseño o modificación de los programas de política penitenciaria en curso, que por otro lado, deberán juzgar eventualmente a partir de sus resultados".


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