La concejal del Frente para la Victoria, Gabriela Bustos, solicitó en las últimas horas y, por escrito, su reincorporación como empleada administrativa del Hospital Penna.

Lo curioso del caso es que, justamente, Bustos está sospechada de robar decenas de pasajes de ómnibus -que estaban destinados a indigentes y enfermos- de la misma oficina donde ahora pretende volver a desempeñar funciones.

“Bustos pidió volver a trabajar en el hospital y pese a que ella renunció cuando entró al Concejo Deliberante, ahora inició los trámites para recuperar su puesto. Es probable que si vuelve a tener un lugar pida el traslado”, le dijo en exclusiva a LB24 una alta fuente del nosocomio.

Pese a todavía no estar imputada en la causa, Bustos es la única sospechosa de haber sustraído pasajes por varios miles de pesos. Los utilizó en beneficio propio, de familiares y amigos. La mayoría de los viajes eran ida y vuelta a Capital y con servicio cama.

La edil ya designó a un abogado penalista para que intervenga en el expediente.

Luego de que LB24 revelara la existencia de la investigación, Bustos se escondió durante varios días y luego intentó defenderse sin éxito ante la prensa. Sin embargo, logró el apoyo incondicional de varias agrupaciones kirchneristas y de algunos concejales oficialistas.

Sus allegados dijeron que se trataba de “un conspiración y un ataque a su militancia política y de derechos humanos”. Otros, en cambio, optaron por decir que se trataba “de una jugada de oscuros sectores para perjudicar a su pareja (Abel Córdoba) y su trabajo como fiscal en los juicios contra los genocidas”.

La realidad es que la investigación contra Bustos avanza sin prisa pero sin pausa y las evidencias reunidas en su contra en la fiscalía son cada vez más. Y que el juicio contra los represores en la UNS continuó y nada se modificó en cuanto a la actuación del fiscal, quien no figura entre las personas que viajaron con pasajes oficiales robados.