Los concejales opositores fueron aceptados como querellantes en la causa penal en la que se investiga el manejo de fondos utilizados por el Consorcio de Promoción y Desarrollo de las Actividades Turísticas durante el 2011.

De esta manera, por decisión del juez Guillermo Mercuri, los ediles de Integración Ciudadana y la Unión Cívica Radical podrán solicitar medidas de prueba y participar de las audiencias en donde se tomen declaraciones judiciales.

Fuentes judiciales opinaron a LB24 que “lo ideal era que todo el Concejo Deliberante fuera considerado como particular damnificado pero, de todas maneras, no había ningún impedimento para que sólo una parte de ese cuerpo lo fuera”.

La causa está radicada en la UFIJ de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Rubén Álvarez.